La semana pasada Mariano Rajoy pronunció un discurso en el Congreso de la Empresa Familiar que, a grandes rasgos, define por fin qué modelo económico defiende el PP: Menos estado de las autonomías, menos administración y más privatizaciones. Así pues, en vez de distanciarse de las dramáticas medidas que el conservador James Cámeron ha puesto en marcha en Reino Unido, el PP considera que aportan estabilidad e, incluso, que las implantaría en España.
Recortar el Estado de las autonomías supone, inevitablemente, una disminución del autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas. Es increíble que, en pleno siglo XXI, el PP proponga un modelo centralista en el que no quepan las distintas sensibilidades que hoy conviven pacíficamente en España. Quizá les convendría recordar las elecciones generales del 96 cuando, después de conocer que su partido no había conseguido la mayoría absoluta y que inevitablemente necesitaba pactar con CIU, José María Aznar tuvo que comparecer ante los medios de comunicación para asegurar que él hablaba catalán “en la intimidad”.
Menos función pública (Cámeron va a poner en la calle a 500.000 personas) significa no sólo menos servicios administrativos sino también menos profesores, menos policías, menos médicos, menos atención a la infancia y a la tercera edad y, en definitiva, menos calidad de vida para nuestros ciudadanos.
Los servicios esenciales que presta la administración (sobre todo en materia de sanidad y educación), si de verdad queremos que sean universales, han de ser gratuitos y, por lo tanto, deficitarios para las arcas del Estado. Poner en manos de empresas privadas la gestión de estos servicios necesariamente comportaría una inaceptable disminución de su calidad y que se repercutiera el coste de los mismos a una economía familiar ya demasiado debilitada. El PP ya nos demostró a todos qué modelo de privatizaciones defiende cuando, otra vez en tiempos del Sr. Aznar, vendió las empresas públicas que generaban beneficios, engordando así los resultados del sector privado con recursos que antes pertenecía a todos los españoles. Pan para hoy, hambre para mañana.
Por supuesto el PP es muy libre de defender cuantos disparates considere oportunos para imponer un modelo económico neo-liberal más propio de una formación de extrema derecha que de quiénes dicen ser (con la boca pequeña, eso sí) “el partido de los trabajadores”. La responsabilidad última es nuestra, del pueblo, de los que con nuestro voto en las próximas elecciones locales, autonómicas y generales podemos impedir que el PP acabe con el estado del bienestar que tanto nos ha costado construir durante los últimos treinta y cinco años.
